Trece años después, los vecinos de Villaverde y Usera han vuelto a sacar el «hacha de guerra» contra la construcción de un horno crematorio en el barrio. La empresa propietaria del tanatorio de la M-40 ha solicitado la licencia de esta instalación, que ya fue retirada tras la presión vecinal en 2002. «Un vecino se enteró, por casualidad, al mirar el Boletín Oficial. Nadie nos informó de la iniciativa. Estamos decepcionados por cómo se ha tratado todo este asunto, con tanto secretismo», explica a ABC Víctor Renes, portavoz de la Asociación de Vecinos de San Fermín-Usera.
Con el fin de tumbar la propuesta de la compañía, las asociaciones presentarán de forma oficial un pliego de alegaciones antes del 8 de octubre, cuando finaliza al plazo. Otra de las actuaciones que tienen previstas para mostrar su rechazo a esta instalación será la celebración de una marcha el próximo 6 de octubre, que partirá desde los diferentes barrios afectados hasta la puerta del propio tanatorio de la M-40. También han pedido cita con las concejales de ambos distritos: Rommy Arce, por Usera; y Celia Mayer, por Villaverde, para que hagan de intermediarios. «Esperamos que tomen las medidas necesarias para frenar esto», confía Renes.
«La normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid es tremendamente discriminatoria con la periferia de la ciudad –explican los denunciantes– ya que impide la construcción de este tipo de instalaciones dentro del anillo de la M-30 y, sin embargo, las permite en los barrios que ya acumulan numerosas instalaciones molestas». Se refieren a las tres depuradoras –La China, La Gavia y Butarque– «que provocan problemas de salubridad y malos olores a diario». «Parece que esta zona está destinada a emplazar este tipo de proyectos y no otros», se queja. Esta actividad, catalogada como potencialmente nociva e insalubre por la Comunidad de Madrid, según el vecindario, «llenará el aire de altas concentraciones de partículas tóxicas relacionadas con distintas enfermedades».
En el escrito enviado las asociaciones vecinales a ambas concejalías de distrito explican que la ordenanza municipal exige una distancia mínima de 250 metros desde «el foco de emisión a viviendas o lugares de permanencia habitual de personas», algo que se incumple «de manera clara» ya que a escasos metros de la construcción solicitada se encuentra el instituto El Espinillo, dos parques, varios bloques de viviendas y dos centros comerciales, entre otros espacios incluidos en la ordenanza. «Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo, porque una vez empiece la construcción será muy difícil pararlo», concluye con contundencia.
