El barrio de San Cristóbal de los Ángeles (distrito de Villaverde) está dividido socialmente. «La sangre, de momento, no ha llegado al río, pero alguno va a tener que pagarse un agujero para enterrarse», dice Antonio, vendedor del puesto de la ONCE que está ubicado en la plaza de la Paloma de la Paz. Y es que en las lindes de San Cristóbal se ha instalado, desde hace tres años ante la inacción de las autoridades, la ley de los «okupas». Según denuncian desde la Asociación de Vecinos La Unidad, decenas de individuos, en su mayoría de etnia gitana, se lucran con las viviendas que quedan vacías tras los desahucios. En este territorio se ejecutan entre cinco y diez desalojos semanalmente. De los 500 pisos sin inquilinos, 250 ya han sido tomados ilegalmente, detallan.
«Lo más lamentable es que trapichean con las casas. Ese es el verdadero problema. Si al menos las ocuparan las familias que han dejado sin hogar los bancos..., pero estos entran, cambian el bombín de la puerta y las realquilan a terceros o las venden. Incluso con contratos de alquiler de 500 euros. Tenemos los documentos. Algún individuo mercadea con hasta doce pisos», denuncia María del Prado de la Mata, presidenta de la asociación y concejala de IU.
«En marzo de este año me quitaban la casa. Antes de que llegara el día del desalojo alguien me cogió por detrás en la calle y me dijo: “No te des la vuelta. Si te echan, te alquilo tu casa por 600 euros”». Esta «invitación» la recibió Esther Sanz, a quien llaman «el ángel de la guarda» de los desahuciados. Esther, vecina del barrio, forma parte de la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH). Consiguió negociar con el banco el alquiler social de su piso -paga 350 euros durante 5 años para luego optar a la compra de la que era su propiedad a precio de mercado-. Esta mujer lucha cada día para que sus vecinos tengan esa misma oportunidad y, a la vez, los pisos no sean ocupados.
Okupas en todos los bloques
No hay un solo bloque en este barrio de 18.000 habitantes en el que no haya un piso tomado. Los residentes saben cuáles son las casas ocupadas tras los desahucios, quiénes son los «okupas», los ojeadores -aquellos que por unos 200 euros se encargan de controlar las viviendas vacías para dar el aviso a las mafias- y los que «trapichean» con ellas.
Algunos tienen miedo. Otros lo denuncian a viva voz como Antonio, el vendedor de cupones: «Si les dejamos hacer, esto es un malvivir. Llevo en el barrio 50 años, he cotizado 30 años, ahora trabajo en este puesto ocho horas, inválido, para ganar 600 euros al mes y con ello pago mi hipoteca. Pero ellos con decir “somos seres humanos” hay que darles todo. Hasta tienen sus rentas de inserción».
Mientras Antonio hace su crítica, un hombre de 58 años acude a su puesto a comprarle un décimo. «Este es un ocupa». Lo dice delante de él. Sin temor. Harto del monopolio ilegal que se ha adueñado del barrio. El acusado rehuye de enseñar su casa. «Es que no es mía. Si fuera mía, os la mostraría». Y mientras habla con ABC llega un tercer hombre, Enrique, un gitano sexagenario que acaba de recoger a su nieta del colegio. Este le advierte con tono amenazante al segundo: «A ver qué dices. No digas nada malo». «No, no. Me piden que les enseñe la casa, pero les digo que no es mía». se justifica. Y entonces Antonio informa de que Enrique también es un ocupa. Por alusiones, el sexagenario lo desmiente. «No. Yo no vivo en este barrio. Aquí se han tenido que meter en un piso mi hijo porque tiene tres criaturas. No nos negamos a pagar, pero cantidades de 150, 200 euros... porque claro, luego está la luz y los gastos».
Larga lista de quejas
Esta declaración choca con otra de las denuncias de los vecinos, que señalan que los inquilinos ilegales «enganchan la luz y no pagan los gastos de comunidad, repercutiendo en el bolsillo de los que sí lo hacen. Si vienes por la noche y ves un piso con todas las luces encendidas, es uno de los ocupados», revela Mari Carmen, vecina y miembro de la asociación.
La lista de quejas es larga: suciedad en las zonas comunes, ruido hasta altas horas, robos y, sobre todo, miedo por la posibilidad de que ocupen su propiedad, por ejemplo, en unas vacaciones. «Esta semana robaron a un vecino el motor del camión para colocárselo ellos en una furgoneta. Las mujeres ya no llevan nada de oro porque se lo quitan», declara Antonio.
La asociación de vecinos ha recogido 5.000 firmas simbólicas para que la Administración pública haga algo. La Delegación del Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento tienen constancia del problema. También han denunciado la política de las entidades bancarias que, según De la Mata, «se dan prisa en desahuciar a nuestros vecinos, pero tardan más de dos años en denunciar una ocupación, a lo que hay que sumar lo que se demora la resolución judicial».
