La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a más de 260 colectivos, junto a otras organizaciones como Ecologistas en Acción, CECU, CCOO, UGT, IU-Madrid, PCM o el Foro por la Movilidad Sostenible, recogiendo el malestar de la ciudadanía madrileña, ha decidido promover en la calle una protesta inmediata al “tarifazo” del transporte. A tenor de la federación vecinal, ante la descomunal subida de las tarifas de los abonos del transporte público aprobada esta semana por el Ejecutivo autonómico, que se enmarca en una auténtica “escalada de agresiones que desde las diferentes administraciones públicas se están produciendo en contra de la calidad de vida y el nivel adquisitivo de los vecinos y vecinas”, el “movimiento ciudadano tiene que dar una respuesta contundente”. En este contexto, en una iniciativa que está abierta a la adhesión de nuevos grupos, las citadas organizaciones han convocado una manifestación que arrancará el próximo sábado 21 de abril a las 12h de la Plaza de Cibeles.Además, la FRAVM ha realizado un llamamiento a sus asociaciones para que conviertan el 26 de abril en una jornada de lucha y movilizaciones descentralizadas en todos los distritos y municipios de la Comunidad de Madrid. Las asociaciones vecinales extenderán la invitación a las asambleas populares del 15-M y al resto del tejido social de sus barrios y pueblos. En palabras de la dirección de la FRAVM, “se trata de concentrar en ese día acciones de protesta de diferente índole centradas no solo en el tarifazo sino también en otras subidas de suministros básicos: concentraciones, repartos de propaganda, pasacalles, tribunas y pequeños mítines,…todo lo que se nos ocurra será bienvenido”.
Para la FRAVM, el tarifazo “desincentiva más aún el uso del transporte público, un medio que el último año ha perdido 15 millones de usuarios”. En una comunidad autónoma en la que cerca de un millón de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y en la que el 53% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, una subida de este calibre “desincentiva casi definitivamente el uso del transporte público toda vez que no se ofrecen tarifas asequibles para las familias más desfavorecidas”.
El nuevo “tarifazo”, sumado al incremento de otros suministros y servicios, como la luz (7%), el gas (0,5%), el agua (3%) o el Impuesto de Bienes Inmuebles, que en la capital sube este año casi un 10% –porcentaje que resulta de la suma de la actualización catastral, fijada en el 5,7% y del incremento del 4% aplicado por el Gobierno central–, constituye un ejemplo más de la estrategia asumida por algunas administraciones públicas de privatizar los beneficios, vía “externalización” de servicios, cesión de parcelas a entidades privadas, subvenciones a la educación concertada… y de socializar las pérdidas. Una estrategia, en definitiva, abiertamente antisocial en un momento de crisis económica que requiere, precisamente, un refuerzo de los pilares del Estado de bienestar para garantizar la convivencia y la paz social
