El problema es que más que contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo europeo, va a conducir inexorablemente a un mayor empobrecimiento de los ciudadanos. Esto significa seguir mermando capacidad de consumo de las familias y del Estado, y no parece que esto sea lo más acertado para impulsar la recuperación económica. A continuación les mostramos algunas medidas que implican este pacto:
- Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas cuando la situación económica lo exija (es decir cuando la Comisión lo decida).
- Reforzar la reestructuración de las Cajas de Ahorro, es decir avanzar en su definitiva privatización, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias.
- Reducir las cotizaciones a la seguridad social y aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Esto significa en principio recortar los salarios, ya que las cotizaciones a la seguridad social son también parte del mismo. Pero es que además las cotizaciones sociales financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, las pensiones contributivas, el desempleo y la formación profesional.
- Por otra parte se sigue en la espiral de aumentar los impuestos indirectos que gravan las rentas de todos los ciudadanos indistintamente de cual sea el volumen de la misma. De esta forma, todos soportamos igual tipo de carga impositiva al margen de nuestra situación económica, paga lo mismo el banquero Botín que un parado de larga duración. Para colmo, esta espiral de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales consagrados en nuestra carta magna.
- Por último la Comisión Europea nos anima a profundizar en las reformas del mercado de trabajo, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual. Se descentraliza la negociación colectiva, se facilita el descuelgue de los convenios sectoriales para las empresas.
Mientras que las medidas de austeridad y esfuerzo económico son explícitas y tienen plazo de cumplimiento, las que podrían mejorar la calidad de vida de los 330 millones de ciudadanos que usan el euro son inexistentes.
