Alberto Ruiz-Gallardón cierra una legislatura presupuestaria marcada por la crisis y la confrontación con el Estado. El Consistorio acabó 2010 con 6.453 millones de deuda a largo plazo y 754 millones de déficit. Madridiario analiza en este informe los ‘malabarismos’ que ha tenido que realizar el equipo de gobierno para cuadrar sus cuentas.
El equipo de Gobierno ha hecho realidad gran parte de sus compromisos electorales mediante una inversión de 10.456,8 millones de euros. En cuatro años ha construido equipamientos a un ritmo que, de otra manera, hubiera tardado veinte en completar. La única manera de hacerlo, asegura el mismo Ayuntamiento, ha sido mediante endeudamiento. El 55,5 por ciento de las obras (5.806 millones) fueron resueltas a través de esta fórmula. “Esta inversión ha permitido hacer una ciudad más competitiva y preparada para salir de la crisis”, ha comentado en varias ocasiones el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Si las obras se hubiesen hecho en dos décadas no habría habido deuda, pero los costes hubiesen sido mayores y el disfrute hubiese tardado mucho más en llegar, aseguran en el Gobierno municipal.
La principal deuda que arrastraba la Corporación al inicio de la legislatura era el soterramiento de la M-30. La obra costó 4.141,8 millones de euros. El Consistorio aportó 1.256,3; el resto provenían del Ministerio de Fomento (54,3 millones), Fondos de Cohesión Europeos (1,7) y, sobre todo, de endeudamiento con bancos (2.826,7 millones). El coste total, incluidos los costes de mantenimiento, según el Ayuntamiento, ha sido de 5.630 millones a pagar hasta 2040. El PSOE defiende que la factura es de 10.406 millones.
En estas circunstancias, la capital entró en 2007 con 4.814,84 millones de presupuesto y 5.040 millones de deuda. El Ayuntamiento presumía de expansión económica gracias a sus infraestructuras y defendía que la deuda era asumible en función de su PIB, aunque duplicaba, según IU, los límites establecidos por el Gobierno (5 por ciento frente al 2,5 por Ley). Los responsables municipales creían que a finales de 2008 no necesitarían planes de saneamiento como el que en ese momento estaban obligados a cumplir por orden ministerial. El PSOE criticaba que el IBI había subido hasta un 103 por ciento desde 2003 y el impuesto de vehículos un 40 por ciento.
