Cuando en marzo de 2008 la Udyco de Madrid emprendió una operación contra el tráfico de drogas poco podía imaginarse que, más allá de la venta de estupefacientes en la zona de Villaverde, iba a toparse con una serie de personas de origen colombiano que, en muy poco tiempo, habían obtenido el permiso de residencia a través de su matrimonio con españoles.Dos de ellas lo reconocieron: «Es que yo he pagado por casarme con un español y obtener así los papeles». Ése fue el germen de lo que en un principio iba a llamarse «Operación Celestina», por aquello de honrar a las Letras Españolas, pero que terminó denominándose «Escarlata», en referencia a la protagonista de «Lo que el viento se llevó», que practicó uno de estos matrimonios en la ficción.
Del grueso de los detenidos, destacan una falsa abogada, una funcionaria pública, una mujer ligada al tráfico de drogas y un sacerdote colombiano que ejercía en Madrid y con los mismos antecedentes que la anterior. Fruto de estos casi dos años de investigaciones -que continúan-, la Policía ha detenido a un total de 34 personas.
Cuatro de ellas son los líderes de la red, que se cree que «legalizaron» a un centenar de colombianos mediante estas bodas de pega. Tanto la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional como el Grupo Rutas de la Municipal andaban detrás del asunto y se pusieron a trabajar codo con codo.
Eran dos mujeres las que partían el bacalao en esta organización. Por un lado, una colombiana nacionalizada española, llamada Isleana, aunque muy conocida en el mundillo de este tipo de delitos como «Claudia». Esta mujer, de mediana edad, casada con un español y que gestionaba una supuesta gestoría en Carabanchel haciéndose pasar por abogada, utilizaba sus contactos para ofrecer casamientos fraudulentos a compatriotas por 10.000 o 12.000 euros. Todos sabían lo que hacían, por uno y por otro lado. Aquí no había engaños, aunque dos de los detenidos han argumentado lo contrario.
En la otra cara de la moneda estaban los ciudadanos españoles, la mayoría de etnia gitana, que aceptaban el desposamiento a cambio de 3.000 euros. Muchos de ellos se casaron, pero, incluso, en otros casos también actuaron como testigos. Éstos últimos cobraban 200 euros, indicó la Policía.
Al frente de esta parte del reclutamiento estaba «Lola», que es como se conoce en los ambientes marginales de Usera y Villaverde a esta mujer. Ponía en contacto a su gente, aproximadamente la mitad de ellos con antecedentes por delitos contra la salud pública, robos con fuerza y de todo tipo, con la conocida como Claudia. Como hecho curioso puede destacarse el caso de una de las chicas que, a la hora de conseguir el requerimiento de su domicilio para ser detenida, se comprobó que no tenía uno fijo por una cuestión: es prostituta.
De esta manera, el círculo se cerraba. Unos cobraban y los otros obtenían, a cambio de ese pago, primero, el permiso de residencia; al cabo de un año de la supuesta boda, la nacionalidad española, y luego podían divorciarse rápidamente.
Nunca hubo bodas religiosas
Pero desde la Policía Municipal, la Nacional y el Registro Civil se seguía muy de cerca estos sospechosos movimientos. Porque a nadie se le escapaba que gente que participaba como contrayente en algunas bodas civiles ya de por sí sospechosas aparecieran en otras como testigos o padrinos. Y más cuando llegó documentación de 22 enlaces supuestamente consumados en once iglesias de la capital.
A diferencia de las bodas civiles -se han acreditado 56 en el Juzgado de Paz de Torrelodones, por ejemplo-, las católicas jamás llegaron a celebrarse. La Policía se puso en contacto con las parroquias y se entrevistó con todos sus responsables: nadie daba por buenos los papeles que les presentaban. Todos eran falsos. Excepto un párroco, que sospechó de su segundo, que es el sacerdote colombiano. Éste, a espaldas de cualquier autoridad eclesiástica, utilizaba actas litúrgicas falsas o de matrimonios verdaderamente celebrados para sus fines.
